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La Fiscalía de Gran Canaria ha activado un protocolo que pretende evitar situaciones de trata de menores, separando a los/as mismos/as de las personas adultas – en la mayoría de los casos mujeres, con las que llegan; siempre y cuando éstas no puedan acreditar mediante documentación oficial el vínculo familiar; y a pesar de que el protocolo de atención a los niños y niñas migrantes establece que la separación del/la menor de los que alegan ser sus familiares directos solo debe hacerse en caso de “riesgo inminente”.  Dicha separación se mantiene a la espera de la realización de las pruebas de ADN, cuyos resultados se demoran en la actualidad hasta los 3 meses. Más aún sorprendente e incongruente es, que únicamente se esté aplicando en la provincia de Gran Canaria y no en la de Tenerife.

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